Ecuador: Pérdidas en librerías y papelerías

Las ventas disminuyeron entre un 50 y 60 por ciento, denuncia Asociación de la ciudad de Cuenca.

Al inicio del actual período lectivo, las ventas de textos esclares en la papelerías y librerías de la ciudad bajaron entre un 50 y 60 por ciento, lo que ha llevado al cierre parcial de muchos de estos comercios.

Situación que motivó a que la Asociación de Papelerías y Librerías del Azuay (APLA) se reunieran en asamblea ampliada y resolviera exigir a las más altas autoridades educativas del país y la provincia a poner coto a un desenfrenado negocio que este año ha alcanzado cifras alarmantes.

Según la asociación, esta baja en las ventas se viene dando por un acuerdo oculto entre determinados profesores y ciertas editoriales por medio de sus representantes y distribuidoras.

Bajo esta figura, que se ha convertido en una práctica común, se establecen negociados con las necesidades pedagógicas de los estudiantes, anotan.

Y es más, como lo aseguró Alfredo Rubio, presidente de la APLA, el 95% de las listas escolares de los establecimientos educativos, públicos y privados, tienen el membrete de una sola librería.

El gremio advirtió que los libros escolares se convierten en bienes desechables en cada período lectivo, puesto que se realizan cambios de edición todos los años con mínimas reformas a sus contenidos.

PORCENTAJE

Es más, ya no son materiales únicamente para consulta sino proponen ejercicios a los estudiantes, que son realizados y calificados en el mismo texto, lo que imposibilita su reutilización por otros niños y jóvenes, como sería su uso más adecuado.

La APLA calcula que la diferencia de costos promovidos entre los comercios regulares de útiles escolares y aquellos que se localizan en los predios colegiales, y viviendas de profesores y en oficinas exclusivamente preparadas para este fin, es de casi un 60% menor.
El siguiente paso de la organización será solicitar audiencias, tanto al director de educación del Azuay, Víctor Matute, como a la Ministra del ramo, Consuelo Yánez.

Por lo pronto, los miembros de APLA se reunirán en una asamblea extraordinaria, el jueves 17 de noviembre, a las 20h00, en la Sala de Recepciones del Hotel Castillo Real (AOA)

CON DEDICATORIA

Es de dominio público que el valor comercial de los textos no corresponde a los márgenes normales de utilidades y costos reales de producción. Los precios son elevados con el propósito de sobornar a determinados profesores y enriquecer los bolsillos de los dueños de específicas plantas editoras.

Una considerable cantidad de centros educativos públicos y privados de la provincia, han determinado la obligación a todos sus alumnos de asistir a una sola librería de la ciudad y de adquirir una sola línea de artículos de papelería, con el consiguiente perjuicio a los padres de familia, señala la APLA. (AOA)

SANCION MAS GRAVE SERIA LA DESTITUCION

“El libro se ha constituido en un negocio”, sostuvo el director de Educación del Azuay, Víctor Matute, respecto al perjuicio que significa que los textos escolares se diseñen con duración para un año.

Esto, dijo, evidencia un impacto directo al bolsillo de los padres de familia, puesto que ellos por lo general tienen 2, 3, 4 o más hijos; estudiantes que no pueden heredar los libros que utilizaron sus hermanos mayores, porque se han convertido en artículos desechables.
Admitió que si hay un negociado y que , incluso se han formado monopolios editoriales que establecen compromisos con profesores y representantes educativos.

Explicó que tanto el Reglamento General a la Ley de Educación, cuanto acuerdos ministeriales, prohíben estas transacciones ilegales.
También dijo que se han tomado medidas a nivel de la Supervisión, sin embargo no se cumplen todas las disposiciones y hay maneras de evadir la normativa por debajo de la mesa.

Respecto de sanciones a quienes podrían haber incurrido en estos tratos, señaló que puede procederse desde un llamado de atención, pasando por la suspensión del plantel, hasta la suspensión o destitución del representante educativo. Una solución que planteó Matute, es que, el Ministerio de Educación se responsabilice de la edición de los textos escolares.

Finalmente hizo un llamado a que los padres de familia a que, sobre este tema, presenten denuncias de casos concreto, a las que se dará el trámite correspondiente. (AOA)

Fuente: Diario El Mercurio – Cuenca, Ecuador